Un paso más para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras
Uno de los elementos de un Estado de Derecho es el respeto a las garantías y derechos enmarcados
en la Constitución de la Republica de Honduras entre estos se encuentra el derecho al acceso a la
justicia su Artículo 82 que indica textualmente: “Todos tenemos libre acceso a los tribunales para ejercer las acciones en la forma que señalan las leyes”.
El decreto legislativo No.334-2013, publicado el jueves 23 de enero del 2014, reformó el Artículo 39
de la Ley de la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo, que decía: “La acción únicamente
puede ser admitida si el demandante rinde una caución equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor reclamado“.
En otras palabras, para que el Estado de Honduras admita la demanda (pueda ser demandado), el
afectado tendrá que rendir un 20% como garantía de la cantidad reclamada al Estado, estas
disposiciones suprimen el libre acceso a los tribunales, la defensa y el debido proceso, garantías que
un estado de derecho otorga a sus ciudadanos, de esta manera dejando fuera del alcance de los
tribunales a los particulares afectados por el Estado.
Con esta disposición se frenó en su momento a muchas empresas y particulares de poder acceder a
la justicia y demandar al Estado de Honduras, ya que estos requisitos lo hacían imposible, dejando a
las personas en un estado de indefensión.
Sin embargo, el 29 de agosto de este año se dio a conocer que el pleno de Magistrados de la Sala Constitucional resolvió declarar inconstitucional la disposición del 20% del artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto representa una gran victoria para el fortalecimiento del Estado de derecho de Honduras.
Es importante destacar que esta decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia representa un fortalecimiento al Estado de Derecho ya que asegura el acceso a la justicia, y ya no se encontrarán en situación de indefensión los individuos afectados.
Con esta medida, se elimina el blindaje que gozaba el Estado desalentando las demandas y así poder actuar de manera absoluta atropellando los derechos individuales de los hondureños.
Written by Elena Toledo
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