Legalizar los derechos económicos y sociales no ayudará a los pobres
Legalizar los derechos económicos y sociales no ayudará a los pobres
Por Jacob Mchangama, es cofundador y director de The Freedom Rights Project. También ha dado clases de derechos humanos internacionales en la Universidad de Copenhague y publicado numerosos escritos sobre derechos humanos en medios internacionales, como Foreign Affairs, Foreign Policy, The Wall Street Journal y The Times. Este artículo fue publicado por primera vez el 29 de junio, 2014 por openGlobalRights, una sección de openDemocracy.
Hacer que los derechos sociales y económicos sean parte de la constitución de un país no ayuda a los pobres, e incluso podría perjudicarlos. Una respuesta con base en hechos al argumento a favor de la indivisibilidad de los derechos humanos de Saiz y Yamin.
Los activistas de derechos humanos internacionales afirman frecuentemente que todos los derechos son “indivisibles”; que ningún conjunto de derechos es más importante que otro. Ellos suelen presentar este argumento para mejorar la posición de los derechos sociales y económicos, los cuales han sido los parientes pobres de los derechos civiles y políticos durante mucho tiempo. Sin embargo, uno de los principales obstáculos a la indivisibilidad es la percepción de que los Estados no pueden hacer valer los derechos sociales y económicos a través de las leyes.
Sudáfrica, Brasil y Colombia han intentado hacer de la indivisibilidad una realidad al incluir los derechos sociales y económicos en sus constituciones. Lo mismo ocurre con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que probablemente contará con el apoyo del Tribunal de Justicia Europeo para asegurarse de que pronto se cumplan sus estipulaciones sociales. Y en 2013, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluyó un protocolo opcional que permite la presentación de quejas individuales contra los Estados.
Como se puede comprender, los partidarios de la indivisibilidad afirman que estos hechos demuestran que sí es posible hacer que se respeten los derechos económicos y sociales como derechos individuales por medios jurídicos, de la misma manera en que se hacen respetar el derecho a la libertad de expresión y otros derechos civiles y políticos. Sigue habiendo escépticos, pero estos esfuerzos han convertido la indivisibilidad en un tema de interés político urgente.
Sin embargo, se ha investigado poco sobre los efectos reales de hacer que los derechos sociales y económicos sean constitucionales. ¿Hacen que se imparta justicia? La verdadera pregunta no es si los estándares de nivel de vida adecuado, educación y salud merecen recibir atención y recursos, sino más bien si estos bienes se pueden asegurar mediante la aplicación de los derechos humanos económicos y sociales.
Mi colega, el economista danés Christian Bjørnskov, y yo decidimos examinar esta cuestión a profundidad. En un documento de trabajo que actualmente está en proceso de revisión académica por colegas, analizamos las constituciones de 188 países e identificamos 75 países que incluyeron los derechos sociales y económicos en sus constituciones y 37 países en los que dichos derechos son justiciables.
Después, rastreamos la condición constitucional de tres derechos sociales importantes, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad, a lo largo de 50 años, de 1960 a 2010. Hicimos una comparación estadística de la evolución de las diferencias de ingresos relativos, educación y salud entre países que incorporaron y aquellos que no incorporaron los derechos económicos y sociales, controlando muchos otros factores, como los ingresos nacionales y el tipo de régimen.
Nuestros resultados sugieren que, por lo general, incluir los derechos sociales y económicos no tiene efectos positivos robustos en el desarrollo social a largo plazo de la población. Por ejemplo, no encontramos que los derechos de salud tuvieran algún efecto sobre las tasas de vacunación o la esperanza de vida, independientemente de si eran justiciables o no.
Lo más sorprendente fue que descubrimos que la legalización de los derechos sociales y económicos tenía un fuerte efecto negativo a mediano plazo sobre la educación, así como un aumento robustamente negativo a mediano plazo en la inflación y efectos perjudiciales del derecho a la salud sobre la mortalidad infantil.
¿Por qué tiene consecuencias negativas la legalización de los derechos económicos y sociales? Nuestra hipótesis es que la incorporación de estos nuevos derechos causa alteraciones, y la mayoría de ellas afectan a quienes ya pertenecen al sistema educativo y quienes tienen menos probabilidades de acceder al sistema político y jurídico, es decir, los pobres. Puesto que los derechos no les dan más recursos a los gobiernos o los actores privados, lo más probable es que los gobiernos simplemente redistribuyan sus recursos limitados y los dirijan hacia quienes tengan más probabilidades de exigir sus recién otorgados derechos, sean individuos o grupos identificables. Ciertamente, uno puede señalar personas cuyas vidas se salvaron gracias a que los tribunales ordenaron que recibieran tratamientos costosos, como ha sucedido en Colombia, o personas que salieron de la pobreza extrema con base a el derecho a recibir cierto nivel de ingresos. Pero estos ejemplos individuales ocultan los resultados a niveles más amplios de nuestro estudio.
Uno podría oponerse a este “enfoque de hoja de cálculo” a los derechos humanos, tan aparentemente frío y calculado, e insistir en que los derechos del individuo no se deberían someter a cálculos tan utilitarios. Pero en el campo de los derechos económicos y sociales, esto sólo se puede lograr al ignorar los efectos sobre las personas reales que no se perciben inmediatamente a partir de los números y las gráficas de nuestro estudio.
Puede ser que los tribunales colombianos hayan salvado las vidas de unos pocos, pero debemos preguntarnos: ¿cuántos murieron o se vieron obligados a vivir con una enfermedad que pudo ser curable porque los recursos que pudieron haber recibido fueron dirigidos en cambio a otras personas que tuvieron la suerte de tener acceso a un buen abogado?
¿Y qué pasa con las personas cuyo acceso a la educación, la vivienda o la seguridad social se ve afectado porque los fondos se gastan en cambio en la salud, o viceversa, según el resultado de causas que se juzgan ante los tribunales sin seguir un orden determinado? Los recursos son escasos por definición, y los gobiernos deben establecer prioridades. Esto no coincide con la noción de los derechos humanos como la “carta más alta” que tiene prioridad sobre las demás consideraciones. Así que aunque la incorporación de los derechos económicos y sociales en las constituciones ha sido un triunfo para los activistas de derechos humanos, no queda claro que haya traído grandes beneficios para las personas a las que supuestamente ayudaría.
La moraleja de nuestros resultados no es que debamos ser indiferentes ante el sufrimiento de los pobres, sino más bien que los derechos humanos son un instrumento poco preciso e ineficaz para aliviar la pobreza o garantizar el acceso a la salud o la educación. Los derechos humanos pueden traer a la luz, y resolver, casos de abusos evidentes, incluidos aquéllos en los ámbitos económico y social, como los desalojos forzados a gran escala o las políticas deliberadas de privación de alimentos (como en Corea del Norte y Etiopía). Sin embargo, no pueden enfrentarse eficazmente a las complejidades de las políticas generales sobre salud, educación y pobreza. No obstante, sería un error concluir que darle la espalda a un enfoque basado en los derechos humanos hacia la salud y la pobreza también significa darle la espalda a los enfermos y a los pobres. No es que estos bienes sean menos importantes que la libertad de expresión o la prohibición de la tortura. Pero debido a la complejidad inherente de estos bienes, los derechos humanos no son la herramienta idónea para proporcionarlos a quienes los necesitan. Sin embargo, los derechos humanos han tenido un éxito espectacular al proporcionar el marco básico que permite que los actores de la sociedad civil preocupados por la pobreza, la salud y la educación hagan campañas, difundan ideas, responsabilicen a los líderes políticos y, en última instancia, generen cambios políticos. Pero al usar los “derechos humanos” para resolver cuestiones políticas vitales, es posible que quienes más se preocupan por los desfavorecidos realmente estén empeorando la situación.
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