El ascenso indetenible del Leviatán tributario en Honduras

El ascenso indetenible del Leviatán tributario en Honduras

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 70% de la masa laboral de Honduras trabaja en la informalidad. Como bien explica el jurista peruano Enrique Ghersi, la informalidad es una estrategia de supervivencia de los más pobres, ya que, cuando cumplir con la ley se vuelve demasiado caro, la única decisión razonable es vivir al margen de ella. Las políticas tributarias del Gobierno hondureño parecen estar empecinadas a formalizar a todas estas personas a la fuerza, acentuando aún más el apartheid económico si no lo hacen.

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (agencia de recaudación fiscal) ha venido implementando un nuevo régimen de facturación, promovido por su directora Miriam Guzmán, que trae consigo severas complicaciones y un brusco aumento de costos a los pequeños empresarios y al sector informal de la economía.

Actualmente muchos supermercados y otros negocios venden al público productos adquiridos de empresarios informales, como pequeños agricultores, carpinteros o panaderos. El nuevo esquema obligará a las empresas a exigirles a sus proveedores que se registren y se formalicen, porque de lo contrario deberán pagar más en impuestos, ya que no podrán justificar los gastos de su empresa sin la debida facturación.

No es consecuente pensar que esta formalización masiva se volverá una realidad y muchos empresarios se preocupan de que el resultado sea no una ampliación de la base tributaria, sino el incremento de la explotación fiscal sobre el mismo segmento de la población.

Una economía lenta, como la hondureña, necesita que el dinero se mantenga en las manos de los ciudadanos para que se invierta en su consumo diario y sus emprendimientos de negocio. Pasarlo a las manos de los políticos para financiar la corrupción y las medidas populistas con las que esperan obtener votos en las próximas elecciones solo agravará la crítica situación del país.

El problema no es que al Estado le falten recursos, sino que gasta demasiado en ambiciones políticas y olvida sus responsabilidades más básicas. Con el nuevo sistema se le exige a las personas menos beneficiadas por el Estado que paguen más, a pesar de que actualmente se encuentran sin acceso a la justicia, educación o salud.

Los hondureños no encuentran descanso en ninguna parte; por un lado, se encuentran constantemente agredidos por las extorsiones y los asaltos del crimen común, y por el otro, se encuentran obligados a cargar con la insaciable hambre del Estado por obtener ingresos.

Sin embargo, evadir impuestos en Honduras no solo se trata de supervivencia económica, sino hasta de integridad corporal. En el 2013, una investigación reveló que la DEI había sido infiltrada por miembros de diferentes grupos del crimen organizado, como las pandillas y maras, quienes utilizaban la información de los contribuyentes para coordinar el cobro del denominado “impuesto de guerra” a los contribuyentes más pudientes. Bajo estas circunstancias y con un sistema de justicia colapsado ¿quieren que paguemos más impuestos?

Agresión fiscal como medio de intimidación

La politización de las instituciones públicas es un fenómeno muy bien conocido en Honduras, y la DEI no es la excepción. Al estilo de los escándalos de la IRS, ya se empiezan a escuchar las denuncias de persecución en contra de quienes públicamente han expresado su oposición a la agresión fiscal. El empresario Jimmy Dacareth presentó una denuncia formal contra la directora de la DEI, Miriam Guzmán, ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), en virtud de haber recibido un notificación de fiscalización de su empresa después que la directora Guzmán se refiriera a él en un programa de radio, al decir ella que firmó una fiscalización contra un contribuyente por andar de “abanderado”.

La intimidación también ha cobrado vida legal: las reformas al Código Tributario requieren que la DEI presente acusación contra los contribuyentes, inclusive si ellos mismos rectifican y corrigen cualquier error en sus cálculos de impuestos a pagar antes de que la DEI se haya percatado de dicho error. De igual forma, una reforma al Código Penal penaliza con 3 a 6 años de cárcel a quienes por medios verbales o escritos inciten a no pagar los tributos correspondientes. Cabe preguntar si hay responsabilidad penal contra los que distribuyan copias de los escritos de Henry David Thoreau o Lysander Spooner, quienes promovían la resistencia fiscal como medio de protesta contra las políticas de Estado.

La militarización de la recaudación fiscal

Cuando la Policía Militar de Orden Público (PMOP) empezó a patrullar las calles de Honduras, el Gobierno argumentó que la finalidad era combatir el crimen organizado: las pandillas, maras, narcotraficantes y sicarios. Pero la militarización de una sociedad siempre termina de la misma manera, con la ciudadanía siendo perseguida por una cantidad cada vez mayor de delitos. Tras una reforma a final de año en 2013, la Policía Militar tiene la potestad para perseguir los delitos de defraudación fiscal y contrabando.

¿A caso la DEI necesita militares encapuchados, armados con fusiles Galil ACE 21 (dispara 700 balas por minuto) y protegidos por kevlar nivel 3 para cobrarle impuestos al empresariado hondureño?

La PMOP es una pesada carga financiera para los contribuyentes y utilizarla para perseguir delitos no violentos representa el mismo malgasto de recursos que convence a muchos hondureños a evadir el pago de impuestos.

Publicado originalmente en el Panam Post el 28 de Junio de 2015.

Republicado en la página oficial del COHEP el 30 de Junio de 2015.

Written by Redaccion