Derechos de propiedad para reforestar Honduras
Por Roberto Chahín
En el mundo del ambientalismo, existen algunas causas que son más importantes y de mayor impacto que otras. En Honduras, en mi opinión la causa ambiental que traería mayores consecuencias positivas es solucionar el problema de la deforestación. El mal manejo de los bosques nos ha traído problemas de erosión, cuencas hidrográficas mermantes, y aumentos de temperatura local en las ciudades. La pregunta a responder, ¿es porque ha habido este mal manejo? La respuesta tiene que ver con la falta de derechos de propiedad claros sobre los recursos forestales, usando el argumento de la Tragedia de lo Comunes de Ronald Coase. Muchos dirán que el bosque es un bien “común” y que nos pertenece a todos los hondureños. Pero cuando algo es de “todos”, nadie se preocupa por cuidarlo. En cambio, cuando el bosque es de propiedad privada, el dueño tiene motivos de interés propio para cuidar el bosque y si tiene permiso de tala, realizará una tala controlada.
Esto funcionaria sencillamente por el motivo de lucro. El valor del bosque, como cualquier otra inversión, sería igual al valor presente de los flujos de efectivo futuros. Dado que una finca forestal como esta sería un recurso renovable, los flujos de efectivo serian perpetuos. Con un manejo basado en aumentar la producción a corto y largo plazo, el dueño del bosque se esmeraría por la salud y protección del medio ambiente que sus árboles necesitan. No habría necesidad que el Estado tuviese una burocracia para supervisar el manejo del bosque, ya que se puede confiar en la ambición de ganancias para el cuidado del bosque. Se debe aclarar que, como propiedad privada, el dueño tendrá uso irrestricto de su bosque. Cualquier intervención estatal como vedas y cuotas de extracción que vengan a irrumpir los planes de producción tendrían la consecuencia lógica de cortes prematuros y disminución del área cultivada.
Bajo un régimen de propiedad verdaderamente privada, sería también más sencillo resolver el problema de la extinción de las especies de maderas preciosas. Hoy en día es casi imposible encontrar maderas preciosas como el Carreto, el San Juan y hasta la Caoba se vuelve escasa. Con derechos de propiedad sobre los bosques, los inversionistas apostarían en granjas enteras de estas especies para la producción de madera preciosa. Solo con derechos debidamente defendibles podría un grupo de inversionistas arriesgar su dinero al largo plazo necesario para mantener un programa de cultivo. ¡Tarda hasta 30 años para que unos de estos árboles maderables estén listos! Cualquier duda que se presentara en cuanto a la seriedad del Estado en referencia a la defensa de los derechos de propiedad en general mataría cualquier inversión de tal envergadura.
En el caso de reservas silvestres, las leyes que protegen la propiedad privada pueden ser usadas para proteger la biodiversidad en estas zonas. Simplemente esta área deberá ser comprada por personas o fundaciones ambientalistas, convirtiéndose así en propiedad privada. Sería muy sencillo para que las personas que valoran estas zonas vírgenes recolecten fondos sin el uso de la fuerza estatal para la compra de los predios en cuestión. En una sociedad libre y próspera, consecuencia de la protección adecuada de los derechos de propiedad, la caridad privada y voluntaria seria amplia y con muchos recursos. Para aquellos con amor por la naturaleza, no sería un sacrificio donar fondos para la compra de los bosques y su conservación.
La defensa del derecho irrestricto a la propiedad privada y la protección forestal va mas allá de solo ser compatible. Que el bosque sea propiedad privada es esencial para su resurgimiento permanente. Es la única función legítima del estado la protección de los derechos del individuo que comprenden el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Al defender la propiedad, la protección del medio ambiente se vuelve una consecuencia natural ya que la calidad de vida del Hombre requiere un ambiente agradable. La defensa de la propiedad privada también permite a la iniciativa privada la planificación a largo plazo y así darle valor financiero a la conservación del medio ambiente. Y finalmente, las leyes que protegen la propiedad también pueden ser usadas para defenderla de la contaminación causada por terceros. Pero eso es otra historia.
Roberto Chahín es miembro de la Fundación Eléutera y contribuidor frecuente. Es analista financiero con trayectoria en inversiones, residente en Tegucigalpa, Honduras.
Related View More
Proceso de renovación del TPS cambia a modalidad virtual
