Carta a la MACCIH: “Acceso a la justicia es un derecho humano de los contribuyentes”
Solicitud de Apoyo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH)
Garantía de acceso a la justicia
en el nuevo Código Tributario
Estimados miembros de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH),
La FUNDACIÓN ELÉUTERA ha solicitado al Congreso Nacional de Honduras que en la aprobación del nuevo Código Tributario se legisle bajo el marco del respeto al derecho de acceso a la justicia y las garantías judiciales que el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos reconoce a los contribuyentes de Honduras. El primero de diciembre se dirigió una Carta Abierta a los Diputados del Congreso Nacional (ver adjunto) solicitando dos cambios específicos al proyecto de Código Tributario. Estos cambios están orientadas a enmarcar el sistema tributario de Honduras bajo el respeto a la Constitución de la República y los Tratados Internacionales.
SOLICITAMOS SU APOYO
Por medio de la presente, solicitamos el apoyo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) para que sume su voz en nuestra petición al Congreso Nacional, dirigida a lograr que se aprueben dos (2) cambios específicos al dictamen de ley del nuevo Código Tributario:
- Que se eliminen las barreras económicas de acceso a la justicia contempladas en el inciso 2) del artículo 206 del Proyecto de Código Tributario, pues condicionan el ejercicio de un derecho humano como el acceso a la justicia, a la capacidad económica y niveles de liquidez financiera del contribuyente, por lo que además se atenta contra el principio de igualdad ante la Ley; y
- Que se modifique la redacción del artículo 187 del Proyecto de Código Tributario en aras de que, en todas las zonas del país en que no concurran juzgados de la materia Contencioso Administrativa, sea competente para conocer y resolver las controversias tributarias, un Juez de Letras cercano al domicilio del contribuyente.
Actualmente, el Tribunal de lo Fiscal Administrativo con sede únicamente en Tegucigalpa, tiene la potestad exclusiva para conocer de controversias en materia tributaria. Aunado a ello, la exigencia de prestar garantías como condición de acceso a la justicia, dejará en indefensión a los contribuyentes medianos y pequeños, e incluso los grandes que no tengan la liquidez suficiente para prestar dicha garantía.
De hacer efectivos los cambios señalados, se garantizaría a los contribuyentes hondureños el pleno goce de su derecho humano de acceso a la justicia; así como la sujeción de la Administración Pública al imperio de la Ley, la Constitución y el respeto a los derechos humanos. Debe recalcarse, que los Diputados del Congreso Nacional tienen un mandato constitucional de legislar bajo el marco del respeto a los derechos humanos que la Constitución y los Tratados Internacionales reconocen a los contribuyentes de Honduras.
El acceso a la justicia.
Es el respeto al derecho de cada ciudadano para comparecer ante un tribunal judicial, independiente e imparcial, para la determinación de la determinación de sus derechos y obligaciones de orden fiscal, civil, laboral o de cualquier otro carácter; en aplicación del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos:
- Artículo 8. Garantías Judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Por su parte, la Constitución de la República en su artículo 82 reconoce el derecho que todos los habitantes de la República tienen a un “libre acceso a los tribunales”:
- Artículo 82. El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.
Sin acceso a los Juzgados, no hay Estado de Derecho.
En la aprobación del nuevo Código, los Diputados deben garantizar que todo contribuyente tenga acceso a un Tribunal de Justicia que sea cercano a su domicilio y que éste no exija un pago previo del impuesto imputado para poder acceder a la tutela de sus derechos e intereses por la vía judicial.
Las controversias tributarias deben ser resueltas de conformidad al derecho, y para ello es necesario contar con jueces capacitados, conocedores de las leyes, de sus facultades y obligaciones bajo el marco de la Constitución y los Tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Solo permitiendo el acceso a los tribunales, podrá fortalecerse la seguridad jurídica y el Estado de derecho en el Honduras; condición indispensable para fomentar las tasas de inversión domésticas y extranjeras necesarias para impulsar un crecimiento económico que, progresivamente, vaya elevando la calidad de vida y el poder adquisitivo de la población.
POR TANTO
A LA MACCIH SOLICITAMOS:
- Emitir un comunicado oficial en el que la MACCIH se sume a nuestra solicitud dirigida al Congreso Nacional en aras de que se hagan las enmiendas correspondientes a los dos (2) artículos del dictamen de Código Tributario que crean barreras injustificadas para el acceso a la justicia por parte de los contribuyentes.
- Compartir el comunicado por sus redes sociales, Twitter, Facebook y demás canales de difusión oficiales; así como contactar a los diferentes sectores políticos, sociales y empresariales que pudieran sumarse a esta causa en defensa del respeto a un derecho humano tan esencial para la convivencia democrática como lo es el acceso a la justicia.
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Written by Redaccion
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